La administración electoral de Barcelona ha tumbado la candidatura que podría haber restado voto a los Comunes y el PSC, que pueden ser clave para terminar de devolver el poder a los separatistas de ERC y JxCAT.
Enric Martínez en una foto de archivo.
Así, la coalición UNIDOS y SOCIALISTAS+ por la Democracia denuncia que ha sido excluida por segunda vez tras cumplir los requisitos legales. En los comicios generales de 2016 les sucedió lo mismo que ahora, en los autonómicos de 2017: sus papeletas no están a disposición de los ciudadanos en los colegios electorales.
Enric Martínez, responsable de esa candidatura no admitida, señala que su lista podría haber restado potencial a Colau e Iceta. Según argumenta, ellos, procedentes de Podemos en buena parte, mantienen la esencia de ese partido pero sin ser nacionalistas, lo que podría haber restado voto y escaños a Domènech e Iceta.
La exclusión ha tenido su origen en la Junta Electoral Provincial de Barcelona y la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, a la que corresponde la certificación de los avales que se exigen a los partidos sin representación parlamentaria. Martínez ha señalado que parte de los equipos de la Junta de Barcelona han estado históricamente influidos por convicciones nacionalistas, y que ya invalidaron en 2016 un 31% de sus 5.029 avales a la coalición “UNIDOS por el Futuro”, siendo necesarios 4.131. En 2017 han tumbado un 32% de los 6.050 avales aportados por UNIDOS y SOCIALISTAS+ por la Democracia, impidiéndoles de nuevo alcanzar el umbral de 4.157 avales exigido en esta ocasión.
El representante de la coalición afirma que estas decisiones no se corresponden con la realidad y que una sentencia ya en su poder demuestra que no se cumplió la ley en la primera anulación de su candidatura en 2016. Y es que el personal de la Junta Provincial, pese a ser su obligación, no informó de la posibilidad de subsanar avales mal certificados por el INE. En 2017, con la experiencia de esa sentencia judicial, Martínez ha tramitado ya otra comprobación y corrección de la certificación, pidiendo el reconocimiento de 579 avales invalidados por el INE.
Sin embargo, la Junta Electoral Provincial ha ignorado este derecho ejercitado por la coalición y, con ello, “omitió un trámite establecido en la LOREG”, según juzga el magistrado, quien además invoca doctrina constitucional que prescribe “un deber de colaboración de la administración electoral”. Por tanto, según sentencia firme, el juzgado reconoce a UNIDOS y SOCIALISTAS+ por la Democracia la aportación de suficientes avales.
(Continuará…)
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